El nuevo ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, propuso este martes reactivar el fuero militar para que soldados y oficiales sean procesados prioritariamente por la justicia castrense.Pinzón, quien asumió este lunes el ministerio de la Defensa, se declaró preocupado por “la situación actual de la justicia penal militar” y planteó abrir un diálogo con expertos y juristas para reactivar el fuero sin faltar a los convenios internacionales en derechos humanos.“El fuero (militar), que tiene rango constitucional, se ha ido deteriorando a lo largo de dos décadas”, dijo el ministro en una entrevista con la radioemisora RCN.

Ese fuero contempla que los militares sean procesados por la justicia penal castrense, y no por la civil, en los casos de delitos cometidos durante el cumplimiento de su servicio.“Vamos a trabajar de manera inteligente, porque en ese aspecto hay toda una normativa y estructura, un entramado de legislación internacional, y obviamente el país por sí solo no se puede distanciar” de esos parámetros, refirió.“Lo que sí es cierto es que como estamos no estamos bien y hay que trabajar en ese frente de manera ordenada, diciplinada, con un diálogo, buscando los expertos y los juristas”, añadió.“Lo que le importa a los hombres de las Fuerzas Armadas es tener reglas claras. Eso es lo que más les angustia en este momento y eso es lo que tenemos que asegurarnos que les vamos a proveer”, concluyó Pinzón.Recientemente, Alfredo Rangel, director de la ONG Seguridad y Democracia, señaló que entre las filas castrenses hay una sensación de desprotección jurídica que incide en su efectividad en la lucha contra las aún activas guerrillas izquierdistas FARC y ELN, que suman cerca de 11,000 combatientes.Actualmente, la Fiscalía de Colombia investiga 1,486 denuncias de violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) que habrían cometido miembros de las fuerzas armadas en medio del conflicto armado de casi medio siglo que ha enfrentado a guerrillas izquierdistas, paramilitares de extrema derecha, narcotraficantes y fuerza pública.Por violaciones de esos derechos por parte de miembros de las fuerzas armadas, la justicia civil había proferido hasta junio de este año 125 sentencias condenatorias a 344 uniformados, según el más reciente balance de la Fiscalía.Los casos judiciales contra militares tienen que ver con ataques a la guerrilla que produjeron víctimas civiles, como el bombardeo en 1998 al poblado de Santo Domingo (Arauca, este) en el que murieron 17 de sus habitantes, pero también con desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violaciones.